No sabemos, si cada vez es más frecuente, o el hecho de que sea tan impactante, es el motivo por el que es tan alarmante la situación que se está produciendo, respecto a los hechos delictivos cometidos por los menores. Pero la realidad social, es que nos encontramos con menores, que supuestamente no tienen desarrollo intelectual ni  madurez personal, no tienen edad, ni tienen conocimiento, en definitiva son menores. (¿Somos responsables?)
Uno de los últimos grandes impactos, ha sido la muerte de un profesor en el Instituto Joan Fuster de Barcelona, que hace que tiemblen los cimientos de esta sociedad, donde los valores que antaño existían, parecen desconocidos, y comienza a movilizarse el engranaje, respecto a si el sistema que tenemos es adecuado, si realmente, los menores son conscientes en esta sociedad movida por la tecnología y por un elenco de redes sociales, de cuál es su verdadera edad,  si ya no existe la comunicación personal, sino todo lo contrario, el aislamiento y si realmente estamos ante la evolución o una involución, o si se trata de hechos aislados, o de situaciones que, por desgracia, cada vez  son más frecuentes. De si los padres, en una sociedad en la que tiene que trabajar el doble, y no tienen tiempo para estar con sus hijos, pueden enfrentarse a un sistema que se queda corto. Y entonces empezamos a cuestionarnos, si debemos reducir la edad penal de los menores, para que afronten sus errores con la sociedad.
Analicemos por ello, que en nuestro sistema español, el elemento determinante, es el interés superior del menor, y los instrumentos supranacionales son los relativos a la Justicia de Menores y la Convención de Derechos del Niño.
En una comparación con  nuestro países vecinos, la edad mínima penal, es ligeramente distinta, y así, la exigencia de responsabilidad penal en Escocia, está en 8 años, 10 años en Inglaterra o Suiza, 12 años en Holanda, 14 en Alemania, España, Austria o Italia, los 15 años en los Países Escandinavos, los 16 en Portugal o los 18 años en Bélgica.
El epicentro del sistema jurídico español es la Ley Orgánica 5/2000 de 12 de enero reguladora de la responsabilidad penal de los menores. Nuestro Código Penal, en su Artículo 19 establece que “los menores de 18 años no son responsables penalmente”. Y desde este momento, ¿que sucede antes de los 18 años?  En este caso es cuando la Ley de los Menores establece un régimen específico entre las edades comprendidas entre los 14 y los 18 años, pudiendo exigirles la responsabilidad por la comisión de hechos que sean tipificados como delitos o faltas en el Código Penal o Leyes Penales especiales.
La variación de las penas va desde los seis meses hasta los seis años, en función del tipo de falta o delito y de su gravedad, así como de la edad, incluso no es lo mismo que el menor tenga 14 o 15 años, a que tenga 16 o 17 años. Y así las medidas a aplicar son más complejas que el hecho de internar a un menor en un centro especializado, dado que las medidas pueden ir desde la “represión al menor por el Juez de Menores y dirigida a hacerle comprender la gravedad de sus actos”  (amonestación), a un régimen de internamiento (cerrado, abierto, semiabierto, permanencia de fin de semana), o bien, medidas no privativas de libertad (asistencia a un centro de día,  libertad vigilada, prestaciones en beneficio de la comunidad,…), y por último las medidas terapéuticas (internamiento terapéutico, tratamiento ambulatorio) No es una cuestión sencilla, porque se deberá a tender, de modo flexible, no sólo a la prueba, y a la valoración jurídica de los hechos, sino a la edad, a las circunstancias familiares y sociales, la personalidad y el interés del menor, éstos dos últimos puestos de manifiesto por los equipos técnicos y de las entidades públicas.
Pero, por si hubiera pocos problemas, en nuestra legislación, tras la reforma de la Ley penal del menor por la LO 8/2006 de 4 de Diciembre, se suprime definitivamente la posibilidad contemplada en el Art. 69 del Cp. y en el Art. 4 de la LORRPM (Ley Orgánica de la Responsabilidad Penal de Menores), de aplicar la legislación penal de menores a los jóvenes-adultos comprendido entre los 18 y 21 años (las edades indicadas se han de entender siempre referidas al momento de la comisión de los hechos)
¿Que hacemos pues, cuando nos encontramos ante un MINI-ADULTO de 18 años, que cuando se juzgue tenga 22 años? Cuando además los padres, no tengan ningún poder sobre él (habría que cuestionarse si alguna vez lo tuvieron) Pues nos encontramos, que tras una lucha con el sistema legislativo, en principio, y con el sistema en la mano se le deberá aplicar el Art. 69 del CP: “Al mayor de 18 años y menor de 21 que cometa un hecho delictivo, podrán aplicársele las disposiciones de la ley que regule la responsabilidad penal del menor en los casos y con los requisitos que ésta disponga”
La realidad, es que el desarrollo social es más rápido que la capacidad para crear leyes que regulen las diferentes situaciones, dada la complejidad que supone, porque no se puede legislar de forma genérica, y tener en cuenta cada situación que se pude plantear es realmente una tarea ardua, y que el estado debe afrontar de manera inmediata, porque es evidente que la legislación actual se queda corta.
Sin embargo, que haremos ante esta situación, dejar que se convierta en una alarma social puntual, que solo desencadene ríos de tinta, o que nos sirva, para por fin tomar cartas en el asunto y decidirnos a poner los medios y los presupuestos que nos permitan solventar estos problemas. Creo que debemos optar, por invertir en nuestros menores, en nuestra juventud,  en nuestras leyes, en definitiva que nuestros hijos, de hoy sean la sociedad del mañana que todos esperamos.

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